Reforma financiera y éxito empresarial

La reforma financiera será una evidencia más de la existencia de entidades financieras exitosas en España, con o sin crisis, como Santander, CaixaBank (La Caixa) y BBVA.

Desde el año 2006 vengo realizando un Estudio llamado KAR, que sirve como termómetro que mide el Éxito Empresarial de las primeras doscientas empresas españolas y filiales de multinacionales con presencia en nuestro país. Esas compañías, agrupadas en sus diferentes sectores de actividad, contribuyen en un 90% a la generación de riqueza en España. Lógicamente, el sector financiero, los bancos y las cajas de ahorro (95 entidades, en el año 2006, antes de la crisis) españolas siempre han ocupado un lugar relevante en este Estudio: con crisis financiera y económica o sin crisis.

La teoría económica subyacente que el Estudio pretende demostrar empíricamente, es la existencia de compañías privadas que son ejemplo y protagonistas del Éxito Empresarial, en cualquier circunstancia; mejor aun: con independencia de las circunstancias exógenas a esas empresas. Son entidades que, por tener incorporado a su ADN una serie de características (en torno a cuarenta), fueron fundadas para durar durante mucho tiempo y dando siempre buenos resultados.

En el extremo opuesto de esta teoría económica, empresarial y de negocios, estaría el caso de aquellas empresas que, como dice la expresión popular, son “flor de un día”. Por ejemplo, en el sector tecnológico, empresas como Microsoft o Hewlett-Packard pertenecerían a la primera categoría, mientras que en sus mismos segmentos, Sun Microsystems y Palm estarían en la segunda. Esta teoría económica, empresarial y de negocios la validan, en el estudio KAR (Key Audiences Research) tanto la población informada (analistas financieros e inversores institucionales; empresarios y directivos; políticos, autoridades y reguladores; periodistas económicos, de finanzas, de negocios y de sectores de actividad concretos; economistas y académicos; el llamado Tercer Sector –fundaciones, ONGs y sindicatos-; líderes de opinión en Internet y redes sociales) como la población general. Los resultados son consistentes y sólidos a lo largo de los años.

El jueves 16 de febrero el INE constató lo que el Banco de España ya había adelantado: en el último trimestre del 2011, España entró en recesión (no confundir con depresión, que es una recesión a largo plazo), con un descenso del 0,3% del Producto Interior Bruto. En esencia, cuatro factores en caída libre, explican la marcha atrás en el crecimiento económico de España: declive en el consumo de los hogares (consecuencia lógica del desempleo, en el 22,9% de la población activa, que equivale a 5 millones de individuos en paro y sin perspectiva de encontrar empleo); restricción del gasto público –Europa nos exige un déficit público, para 2012, del 4,4%, es decir, un 50% inferior al actual, que supera el 8%-, menor inversión empresarial y descenso de las exportaciones. 

No hacía falta que el Banco de España o el Instituto Nacional de Estadística (INE) nos dijeran, el 16 de febrero, lo que todos ya sabíamos: “España no sólo no va bien, sino que va ir a peor”. Si se me permite la (muy mala) ironía, la única diferencia consiste en que la recesión aparece oficialmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y antes solo estaba en el diario personal de los 47 millones de españoles.

Ese mismo día, jueves 16 de febrero de 2012, se aprobó en el Congreso de los Diputados, la Reforma Financiera de la que tanto habíamos oído hablar desde hace dos años: 303 votos a favor, 28 diputados en contra y 6 abstenciones. En el contenido de la Reforma Financiera aprobada el jueves pasado por sus Señorías no hay nada nuevo, que previamente antes no se conociera. Sí es cierto que, desde que el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, hiciera parcialmente pública la Reforma hace varias semanas, a través de una entrevista concedida a Financial Times de Londres, hemos ido, poco a poco, sabiendo más detalles de la Reforma y, lo que es más importante, su letra pequeña, que (y ahora la ironía será mala, pero es acertada) en el caso de una Reforma Financiera, es tan importante como cualquier contrato que un individuo o empresa firma con una entidad financiera: como mero objeto de supervivencia de la especie, es necesario y menester “leerse la letra pequeña” del contrato de la hipoteca. Así se evitan las sorpresas desagradables.

Los pilares de la Reforma Financiera son bien conocidos, al menos en sus líneas más generales, y en sus objetivos: se busca el saneamiento del sistema financiero –bancos y cajas- para restaurar la credibilidad y abrir de nuevo la puerta del crédito a familias y empresas; cerrado durante cuatro años. Las declaraciones de varios banqueros muy conocidos, como Emilio Botín, presidente de Santander, de Francisco González, presidente de BBVA y de Isidre Fainé, de La Caixa (CaixaBank), no dejan lugar a dudas: no se conceden créditos si no hay garantías de que serán devueltos; que es tanto como decir, que sólo obtendrán una hipoteca, por ejemplo, aquellos que puedan demostrar al banco o caja de ahorro correspondiente, que pueden devolver el capital y los intereses.

Una de las muchas causas de la crisis financiera y económica que sufrimos, desde hace más de cuatro años, tiene su origen en que, entre 2002 y 2007, en Occidente (Estados Unidos y Unión Europea, fundamentalmente), se concedieron millones de créditos a personas y empresas que nunca tuvieron –ni jamás hubieran tenido- capacidad de cumplir sus compromisos. Y, como reconoce, en la segunda versión ampliada de sus memorias (“La edad de la turbulencia”, Pinguin Group, 2008 y 2009), el expresidente de la Reserva Federal americana, el autodenominado libertario Alan Greenspan, “con unos mercados financieros casi totalmente desregulados, se abrió la espita para ganar dinero de cualquier manera, incluso, y sobre todo, con la especulación inmobiliaria”.

Este fenómeno dio lugar a la llamada “burbuja inmobiliaria”, de la que no voy a hablar aquí, pero que ha tenido un reflejo muy concreto en la Reforma Financiera Española: las entidades financieras en España tienen que dedicar –y disponen de un año para hacerlo- 52.000 millones de euros a provisiones, para limpiar sus balances, tanto de créditos inmobiliarios “malos”, como de créditos inmobiliarios “buenos”.

En mi obra “La reinvención de Obama” (LID, 2011), dedico un tercio de su contenido a explicar la llamada Nueva Arquitectura Financiera Internacional, que requiere, por ejemplo, mayores exigencias de capital de calidad (hasta un 9% de sus activos, capital y reservas) a las entidades financieras, y se toman medidas para que los bancos más grandes no puedan caer, conforme al principio enunciado por el Secretario del Tesoro con George Bush, Hank Paulson, de que existen ciertas entidades financieras “too big to fail”, es decir son sistémicas por su tamaño y cantidad de activos, y, si ellas se hunden, existe un riesgo cierto de que arrastren a todo el sistema con ellas. 

Era cuestión de tiempo que esa Nueva Arquitectura Financiera Internacional surgida del G-20, de la Reforma Financiera estadounidense (Ley Dodd-Frank, de julio de 2010), de Basilea III y de las nuevas normas regulatorias del Banco Mundial  y del FMI llegaran a España. Están en el BOE desde el 16 de febrero de 2012.

En 2006, cuando empecé a aplicar y desplegar mi Teoría económica-financiera y de negocios del Éxito Empresarial, validada por el Estudio KAR que cité más arriba, antes del estallido de la crisis, por tanto, en España existían 95 entidades financieras: bancos y cajas de ahorros. Entre las diversas exigencias de la Reforma Financiera está la reducción del número de entidades, especialmente de cajas de ahorro, mediante fusiones y adquisiciones.

La primera fase de la aplicación práctica de la Reforma ha supuesto la desaparición de muchas cajas de ahorro y la fusión de muchas de ellas, que después se han convertido en bancos. Es el caso de Caja Madrid, convertida en Bankia, y sobre cuya viabilidad futura se pregunta hasta el diario estadounidense más vendido del mundo, The Wall Street Journal: en su edición del viernes 10 de febrero, este prestigioso periódico dedicaba una página entera a Bankia: “El siguiente momento de la verdad para Bankia: la independencia de Bankia, en entredicho, como fruto de las normas de la Reforma Financiera Española, solo meses después de su salida a Bolsa”, que se produjo en julio de 2011.

La Reforma Financiera busca que, en España, haya pocas entidades financieras y que éstas sean muy fuertes. El gran reto de las cajas de ahorro va a ser su “despolitización”, puesto que las cajas, en muchos casos, han sido instrumento de poder político de las Comunidades Autónomas.

Me parece más interesante y relevante para la economía española en su conjunto, y el futuro peso que tenga en la Economía Mundial, el hecho de que España tenga pocas entidades financieras y fuertes. Confieso que he hecho un ejercicio para mi revelador: contrastar mi Teoría del Éxito Empresarial aplicado a las entidades financieras, según la validación empírica del Estudio KAR, y saber qué entidades tienen en su ADN la característica de la durabilidad exitosa, con crisis y sin crisis.

En 2006, las entidades financieras españolas más exitosas se agrupaban en dos divisiones o ligas: la primera división la encabezaban Santander, La Caixa y BBVA. En la segunda estaban Banc Sabadell, Banco Popular y Bankinter. En enero de 2012 el resultado es el siguiente: las entidades más grandes, fuertes y estables son Santander, CaixaBank (La Caixa) y BBVA. Les siguen Sabadell (que se ha hecho con la CAM), Popular (que ha comprado Banco Pastor) y Bankinter, que, tras un cambio en su gestión, ha aumentado un 20% sus beneficios.

Entre enero de 2006 y enero de 2012 ha habido muchos procesos de integración, desaparición, fusión y adquisición de entidades financieras. Sin embargo, cada seis meses, en esos años, conforme a cuarenta parámetros de Éxito Empresarial, las entidades más fuertes siempre lo han sido, con independencia del estado de la economía, el paro o la situación del resto del sector. Simplifico y resumo: no me queda duda de qué entidades financieras, en España son las más exitosas; las he citado en el párrafo anterior. La Reforma Financiera aprobada en el Congreso, el jueves 16 de febrero, también validará la realidad que constatan los expertos. 

El viernes 17, por la noche, el presidente Obama alabó públicamente la Reforma Financiera de Mariano Rajoy: típicamente americano, para Obama, la Reforma Financiera Española es mero reflejo inspirado en el ejemplo americano  y eso bien merece una palmadita en la espalda de Obama a Rajoy.

Publicado previamente en El Confidencial Digital el 20 de Febrero del 2012

La reforma financiera de Obama y el diálogo con China

El 20 de mayo de este año Obama conseguía sacar adelante en el Senado su reforma del sistema financiero norteamericano. Posiblemente, un texto definitivo, refundido con las aportaciones de Senado y Cámara de Representantes, verá la luz durante el año 2010.

El pasado 22 de abril, en Cooper Union (Nueva York), en el mismo lugar en que –en campaña electoral, dos años atrás- Obama anunció por primera vez su deseo de reformar Wall Street, el presidente recordó: “Creo en el poder del libre mercado: pero el libre mercado nunca fue una carta blanca para conseguir cualquier cosa a cualquier precio”. Obama no pretender ponerle puertas al campo, con su reforma, sino evitar que vuelva a producirse otra debacle financiera como la crisis de crédito de 2007-2010. Con la nueva regulación de Wall Street, las entidades financieras no podrán crecer a toda costa y deberán mantener un mayor equilibrio entre su endeudamiento y su capital y reservas. Aplicando la llamada “Regla Volcker” (la que lleva el nombre del Presidente del Consejo Asesor de Recuperación Económica de Obama, y fue presidente de la Reserva Federal con Ronald Reagan, Paul Volcker), los bancos no podrán invertir los depósitos de sus clientes en los mercados. Se quiere evitar que, si esas inversiones resultan fallidas, con la caída de las instituciones financieras, se vean arrastradas también las familias y empresas que les han confiado sus ahorros.

A partir de ahora, no será el erario público quien rescate a los bancos, si éstos se hunden, como sucedió en 2008 y 2009. El sector financiero creará un fondo a tal efecto. Habrá más transparencia en productos derivados y se incrementará la protección de los consumidores, entre otras medidas, mediante la creación de la Agencia de Protección del Consumidor Financiero. En su discurso radiofónico de los sábados (15 de mayo de 2010), Obama pedía que se aprobara la reforma financiera como una forma fundamental de proteger a los ciudadanos: “La Reforma de Wall Street redundará en una mayor seguridad para la gente corriente”. Y Obama aludía a su responsabilidad como Presidente a la hora de evitar nuevas crisis económicas como la de 2007-2010, mediante su reforma financiera: “Mi responsabilidad como presidente no consiste solamente en sacar a nuestra economía de esta recesión. También consiste en asegurarnos de que una crisis financiera como la que causó la actual recesión no vuelve a suceder otra vez: esto es lo que la reforma de Wall Street nos ayudará a conseguir”.

Obama prometió al presidente chino, Hu Jintao, el 1 de abril de 2009, que Norteamérica reformaría su sistema financiero: en el mismo momento (20 de mayo de 2010) en que la Delegación norteamericana se dirigía a China para entablar el Diálogo Estratégico y Económico entre Estados Unidos y China, el Senado norteamericano aprobaba la reforma financiera de Wall Street. Una reforma apoyada también por más de dos tercios de la ciudadanía norteamericana, tanto demócrata como republicana.

Jorge Díaz-Cardiel. Tribuna publicada por el Diario Negocio el 10/06/2010

Obama: reformas y elecciones de noviembre de 2010

“Eso es, echemos a los inmigrantes ilegales de Norteamérica. Pero no nos olvidemos de decirles, antes de que se vayan, que recojan la basura de las calles y rieguen nuestros jardines”. Con palabras como éstas, el fallecido senador demócrata Ted Kennedy solía ridiculizar la postura de quienes se negaban –entonces y ahora- a regularizar la situación de millones de inmigrantes de origen hispano, en Estados Unidos.

El último intento de llevar a cabo una regularización –de derecho- de una situación –de hecho-, que afecta a millones de latinos que viven al norte del Río Bravo, se llevó a cabo en 2006; la iniciativa partió del entonces Presidente, George Bush hijo, y contaba con el apoyo de John Mc Cain (senador por Arizona, estado epicentro de la polémica, hoy, en lo referido a la reforma de la inmigración, en Estados Unidos) y de Ted Kennedy (senador demócrata por Massachussets). Pero aquel año fue electoral, el presidente perdió el control de las dos Cámaras, que fueron a manos demócratas, y la reforma quedó aparcada.

Cuatro años después, en mayo de 2010, la situación (en limbo legal) de 10 millones de hispanos, pende de un hilo. Millones de latinos miran a Obama: los que le votaron en 2008 (12% del electorado, a nivel nacional; 15% en estados fronterizos con México, como Arizona o Texas) le preguntan ahora el tan manido “¿qué hay de lo mío?”.

Y de esta manera terminó Obama el primer trimestre del año e inicia el segundo, de 2010, camino a las elecciones legislativas de noviembre de este año. Obama encara su carrera hacia las legislativas de noviembre de 2010 habiendo conseguido sacar adelante una parte importante de su programa electoral: habiendo cumplido con un buen número de sus promesas electorales, por un lado, empezando a encauzar ahora el resto de políticas “que le llevaron a querer ser presidente, en primer lugar”, como el propio Obama suele recordar.

A pesar de la oposición del partido republicano y de una parte muy importante de la sociedad americana, Obama y el partido demócrata aprobaron en el Congreso y en el Senado la reforma sanitaria. En un ejercicio de realismo práctico, Obama prefirió que saliera adelante una ley que no era tan ambiciosa como la que él había prometido, que dejaba fuera la opción pública de cobertura médica, pero que garantizaba la cobertura a 31 millones de americanos. A finales de marzo de 2010, tras año y tres meses de debates, enfrentamientos, encuestas a favor y en contra, se aprobaba la ley más importante en materia social desde la puesta en marcha de Medicare y Medicaid (en 1965, con Lyndon B. Johnson, como presidente) y la creación de la Seguridad Social, por Roosevelt, en los años treinta del siglo pasado.

Para aprobar su reforma sanitaria, Obama tuvo que consumir mucho capital político y llegar a muchos compromisos, tanto con miembros de su propio partido (demócratas católicos opuestos a la financiación pública de los abortos, por ejemplo) como con legisladores republicanos. Hoy, a principios de mayo de 2010, hasta el gobernador republicano del estado de California, Arnold Schwarzenegger, apoya la reforma sanitaria federal de Obama.

Una parecida capacidad de alcanzar compromisos y acuerdos va a necesitar Obama para impulsar tanto la reforma de la inmigración como la reforma reguladora del sistema financiero. Tanto a favor como en contra de Obama se cuenta lo muy predecible de su comportamiento. En la medida en que ambas reformas estaban presentes en sus discursos de 2006 y 2007, así como en su programa electoral (“Change we can believe in. Barack Obama’s plan to renew America’s promise”, “El cambio en que podemos creer. El plan de Barack Obama para renovar la promesa americana” de 2008), es fácil prever que el presidente hará todo lo posible para sacar las reformas adelante.

Las reformas de la inmigración y de la regulación del sistema financiero presentan diferencias esenciales, cara a su aprobación, frente a la reforma sanitaria que salió adelante en marzo de 2010. En el caso de la reforma de la inmigración, aún cuando demócratas y republicanos –por motivos electorales, fundamentalmente, aunque no solamente por eso- no se pongan de acuerdo, todos ven la necesidad de hacer algo al respecto. Ya hemos dicho que el presidente Bush, en 2006, quiso impulsar una reforma similar a la de Obama. Tener en la ilegalidad a 10 millones de latinos que viven en Estados Unidos, muchos de ellos trabajando de facto y están cobrando un salario por el que no pagan impuestos, no parece tener mucho sentido, desde el punto de vista económico. Para los republicanos, hay cuestiones ideológicas de por medio; para los demócratas, son muy importantes los derechos civiles de las minorías.

Reconociendo su existencia legal, seguramente se recaudaría más por afiliaciones a la Seguridad Social, y se aumentaría la recaudación de impuestos. Además, atendiendo a consideraciones sociológicas y “electorales”, los hispanos se integran fácilmente en las comunidades en que viven, quieren formar parte del Sueño Americano y desean prosperar, en vez de vivir al margen de la ley y de la sociedad americana. La ley que ha aprobado en Arizona la gobernadora republicana Jan Brewer, y que permite a la policía detener a cualquier inmigrante sin papeles (frente a la legislación federal que lo permite, siempre y cuando se piense con fundamento que el detenido ha podido cometer un delito), podría arrojar el voto hispano en brazos de Obama, en las elecciones legislativas de noviembre de 2010, si el presidente y su partido se convierten, durante los próximos meses, en los defensores de los derechos de los inmigrantes.

En el caso de la reforma de la regulación del sistema financiero que quiere aprobar Obama, los republicanos están contra las cuerdas. Los dos grandes partidos están básicamente de acuerdo en sacar adelante la reforma, pero los republicanos se oponen a darle la razón al presidente. Actuando así, aparecen ante la opinión pública como los defensores de los bancos de inversión y de los que –el imaginario popular y los medios de comunicación- entienden que fueron causa del desaguisado económico más desastroso para América y el mundo, desde la Gran Depresión de 1929. Muchas encuestas dicen que la mayoría de la población americana está a favor de la reforma reguladora del sistema financiero que quiere impulsar Obama.

Una encuesta publicada por el semanario The Economist (de YouGov, publicada el 1 de mayo de 2010) dice que dos tercios de la sociedad norteamericana están de acuerdo en no volver a rescatar a los bancos con dinero público (con impuestos de los contribuyentes) si tuvieran problemas, como en el 2008. Igualmente, una mayoría de americanos apoyaría que el gobierno federal dejara caer bancos con problemas serios; apoyan que se rebajen por ley los riesgos que los bancos pueden permitirse en sus inversiones; están a favor de que se regulen las inversiones más complejas (derivados, por ejemplo, que Warren Buffet denomina como “armas financieras de destrucción masiva”); creen que hay que poner límites a las remuneraciones de los altos ejecutivos de Wall Street, y quieren que se cree la Agencia de Protección del Consumidor Financiero, impulsada por Obama.

Con un apoyo tan abrumador de la opinión pública a la reforma financiera de Obama, por mucho que los republicanos no quieran dar oxígeno al presidente, tarde o temprano tendrán que apoyar con matices la ley del presidente, si no quieren ser ellos los asfixiados por una opinión pública muy enfadada y resentida con Wall Street. Otra encuesta de las mismas fechas, publicada por ABC News/Washington Post decía que el 65% de los norteamericanos apoyan los actuales esfuerzos por meter en vereda a Wall Street. Más les vale a los republicanos tomar buena nota de lo que piden sus propios electores: según la encuesta de YouGov para The Economist, entre votantes registrados, si las elecciones legislativas de noviembre se celebraran hoy, un 48% votaría demócrata y un 42% votaría republicano. Cierto que las encuestas no son artículos de fe, ni las elecciones se van a celebrar hoy: las encuestas son semáforos de colores (verde, ámbar, rojo), que indican a los políticos “el por dónde van los tiros”, para que –si quieren- puedan tomar decisiones basadas en información.

Tampoco Obama pasa por su mejor momento demoscópico, según las encuestas. Un sondeo de Real Clear Politics (RCP), publicada por Newsweek el 1 de mayo de 2010, muestra que la nación está dividida, con respecto al presidente: un 47,9% aprueban su gestión; el 46% la desaprueban. La encuesta de The Economist da resultados similares en cuanto a la polarización de la sociedad y es aún más negativa para Obama: el 45% de americanos aprueban la gestión del presidente y un 48% la desaprueban. Por quinto mes consecutivo, el tracking político mensual de Pew da al presidente índices de aprobación inferiores al –saludable- 50%. Cosa curiosa: la encuesta de The Economist afirma que el 51% cree que Obama dice lo que realmente cree, y, según el 49%, Obama sólo dice lo que la gente quiere escuchar. Son mayoría los que otorgan credibilidad al presidente, quien en cualquier caso, incluso contra marea, va sacando adelante sus promesas electorales:

Obama prometió ponerse a trabajar para solucionar la crisis económica. Por tercer trimestre consecutivo, la economía norteamericana da signos positivos: en el primer trimestre de 2010, en términos anualizados, el Producto Interior Bruto americano creció el 3,2%, impulsado por el consumo privado, de las familias (y no tanto por la inversión de empresas). Menor al crecimiento experimentado en el último trimestre de 2009 (5,6%) y con una tasa de paro aún en el 9,7%. Pero, con tres trimestres en positivo y con el índice de confianza de ciudadanos y empresas subiendo ligeramente, cabe decir que –desde el punto de vista macroeconómico- Norteamérica ha salido de la recesión y está poniendo las bases para empezar a tener un crecimiento sano, basado en el consumo (dos tercios del producto interior bruto americano) y la inversión.

Obama, que en los últimos meses ha viajado más por el ancho mundo que por dentro de Estados Unidos, ha dado pasos importantes en materia de seguridad nacional y relaciones internacionales. El presidente “empezó” por dejar claro a su principal aliado en Oriente Medio, Israel, que los asentamientos judíos en Jerusalén Este (zona musulmana, palestina) y en Cisjordania, no eran conforme a derecho, constituían una injusticia y, desde un punto de vista práctico, eran un obstáculo para la paz entre árabes y judíos. Hoy, en mayo de 2010, dos meses después de la trifulca, los israelíes han paralizado (de hecho) las construcciones en Jerusalén Este. Obama –si el desastre ecológico y económico que ha causado el colapso de la plataforma petrolera de BP en las costas del Golfo de México lo permite- está en disposición de presentar ahora, en breve, un plan de paz para Oriente Medio. Ha demostrado a los países árabes moderados que Estados Unidos es capaz de enfrentarse a Israel; al mismo tiempo, Obama ha mantenido la presión sobre la principal amenaza para la seguridad de Israel: Irán.

Durante el mes de abril de 2010, Obama firmó con el presidente ruso, Medvédev, un acuerdo para controlar las armas nucleares, reduciendo en un 30% el número de armas nucleares ofensivas de ambos países. Obama, tal y como prometió en Praga en abril de 2009, “committed America to seek the peace and security of a world without nuclear weapons”, “comprometió América a buscar la paz y seguridad que se derivan de un mundo sin armas nucleares”. A mediados de abril de 2010, Obama convocó a docenas de países a una Cumbre en Washington sobre Seguridad Nuclear. El objetivo fue frenar o parar la proliferación nuclear. Estados Unidos se auto impuso normas sobre cómo y cuándo utilizar su arsenal nuclear. Esas normas hacen posible un mundo más seguro entre naciones que –al menos, aparentemente- quieren la paz: Estados Unidos, Rusia, China, etc. Pero excluyen a aquellos países que deciden ir por libre y amenazan la paz mundial, como es el caso de Irán o Corea del Norte.

En mayo de 2010, a punto de celebrarse en el seno de Naciones Unidas, la Conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación, Estados Unidos busca aliados para imponer más sanciones a Irán, si el país persa persiste en su intención de desarrollar su programa nuclear. Con matices y equilibrios, China y Rusia parecen dispuestos a apoyar a Estados Unidos. Si Obama lo consigue, será una gran victoria para él en política internacional.

Mientras tanto, en el frente interno, los dos partidos calientan motores cara a las elecciones legislativas de noviembre de 2010. El partido de Obama, que ocupa la Casa Blanca y aún tiene mayoría en el Congreso y el Senado, se muestra unido frente a la opinión pública: es lógico que sea así, porque es el que tiene más que perder. No así los republicanos, que se enfrentan a un potencial y peligroso “split” o división del voto conservador: el movimiento popular auto denominado “Tea Party” (en referencia a los descargadores de té en Boston, que en 1773 iniciaron la revuelta contra los británicos que culminó con la Declaración de Independencia de 1776) podría desgarrar el voto republicano en las elecciones de noviembre de 2010.

Este movimiento popular conservador amenaza con retirar su apoyo a los candidatos republicanos que, bien no sean suficientemente conservadores, bien lleguen a acuerdos con los demócratas y/o con el presidente Obama. Como en las elecciones a presidente de 1992 y 1996, la aparición de un candidato conservador al margen del partido republicano (Ross Perot, entonces), restó posibilidades de ganar a George Bush padre (1992) y al senador por Kansas, Bob Dole (1996), entregando la presidencia, en ambas ocasiones, al demócrata Bill Clinton.

La única persona, líder político, que parece capaz de aunar al partido republicano, a sus bases tradicionales y a las más conservadoras del “Tea Party” es Sara Palin. Ella no se presenta a candidata en noviembre de 2010, pero mantiene alto su perfil público y su popularidad con el electorado conservador, gracias a su participación en mítines organizado por el Tea Party, el éxito de su libro autobiográfico (“Going rogue”) y su programa de televisión en la cadena FOX.

Sara Palin es una incógnita cara al futuro: como abierta está aún la carrera electoral de noviembre de 2010.