Fareed Zakaria, autor de The post American World, defiende en el último número de la revista Foreign Affairs (febrero, 2013) que “el principal problema de las economías de Occidente es la esclerosis”.
Zakaria expone su tesis dándole dos sentidos. Por un lado, se trata
de la polarización política, que deriva en que muchos gobiernos no toman
decisiones: esto es lo que le ha sucedido a Estados Unidos en los dos
últimos años, en lo que a la reducción del déficit público se refiere.
La segunda acepción del término esclerosis se refiere al envejecimiento
progresivo, pero rápido, de las sociedades occidentales.
El ejemplo más obvio es Japón, hoy con 127 millones de habitantes, y
que culminará el siglo con 47 millones de ancianos. Una de las grandes
cuestiones a resolver en el futuro inmediato es cuántos trabajadores en
activo habrá, para mantener a los pensionistas. Y es una de las cuitas
que más afectan al déficit público, y a la suma de todos los déficits,
la deuda.
Dos tercios del gasto público en la última década van destinados, cada año, al cuidado de la gente mayor
En Estados Unidos, hoy hay 4,7 trabajadores para cada pensionista,
que es una proporción muy saludable y que se mantendrá en el futuro,
gracias a la inmigración trabajadora.
Otra cosa es que dos tercios del gasto público en la última década,
van destinados, cada año, al cuidado de la gente mayor, el pago de las
pensiones y su atención médica.
En 1960, los programas sociales suponían un tercio del gasto público.
La proporción se ha invertido y, de ahí, entre otros motivos, la
necesidad de la aprobación de una reforma de la sanidad como la que hizo
el presidente Obama en marzo de 2010.
El excesivo gasto en programas sociales genera posiciones muy
encontradas entre republicanos y demócratas. Los economistas Laurence
Kotlikoff y Scott Burns, en The clash of generations. Saving ourselves, our kids and economy
(2012, MIT), sostienen que Estados Unidos es un país en bancarrota,
debido al despropósito que suponen los enormes gastos sociales.
El déficit público americano, en 2010, era elevado, del 10,1% sobre
el Producto Interior Bruto (PIB), pero acabará 2013, según la Oficina
Presupuestaria de Congreso, en el 5,3% del PIB: por poner las cosas en
un contexto conocido para los españoles, España cerró 2012 con un
déficit público del 7%. La deuda pública, en Estados Unidos, es del 70%
y, durante los próximos 25 años oscilará entre el 72 y el 77%. En Japón,
hoy, es del 200%, por ejemplo.
En cualquier caso, demócratas y republicanos están de acuerdo en que
hay que reducir el déficit público. Ciertamente, se oponen en cómo,
cuándo y dónde hacerlo. Esta es una cuestión que se remonta a las
negociaciones de agosto de 2011, cuando Obama y el Speaker of the House,
el republicano John Boehner intentaron llegar a un gran acuerdo sobre
la reducción del déficit y la cuestión fiscal y, lo que consiguieron fue
evitar que, el 1 de agosto de aquel año, Estados Unidos incurriera en
un default o suspensión de pagos del gobierno federal. Eso sí,
decidieron posponer la adopción de medidas drásticas de reducción del
déficit público, por importe de 1,5 trillones de dólares hasta el 1 de
marzo de 2013.
La cifra no fue elegida al azar, sino que se basa en las
recomendaciones de la Comisión Simpson-Bowles, que el presidente nombró
en 2010 para que, con ideas y acuerdos de los dos partidos políticos, el
gobierno fuera capaz, mediante combinación de reducción de gastos y
subidas de impuestos a los más pudientes, de reducir de manera
escalonada el déficit público, en un período de diez años. Los
republicanos se oponen a las subidas de impuestos.
La forma en que, tanto las recomendaciones de la Comisión, como el
acuerdo entre Obama y Boehner, se llevaron a la práctica fue la
siguiente: si la Casa Blanca, junto a las dos Cámaras del Congreso no
llegan a un acuerdo mediante negociación, recortes automáticos –no
negociables– entrarán en vigor el 1 de marzo de 2013. Los recortes
suponen 1,5 trillones de dólares, de los cuales, 500.000 millones van
directamente al Departamento de Defensa. El resto, a gastos
discrecionales, es decir, reducción de gastos en programas federales
como la prevención de incendios, policía, FBI, mantenimiento de
prisiones, pago de pensiones, sanidad, cuidado de los mayores, etc.
La opinión pública no desea que, por una cuestión ideológica, casi un millón de personas vayan al paro
Según la compañía de análisis económicos predictivos, Macroeconomic
Advisers, si esos recortes entran en vigor, el PIB americano en 2013
podría retraerse un -0,6%, y 750.000 personas podrían perder su puesto
de trabajo. América está creciendo a una media mensual del 2%, y
restarle 0,6% al PIB podría poner en peligro el crecimiento económico.
El presidente Obama quiere, como en el verano de 2011, según narra en su libro sobre la materia Bob Woodward, (The Price of politics,
Simon & Schuster, 2012), un enfoque más equilibrado en el que sí
haya reducciones de gastos por importe de 1,5 trillones de dólares a lo
largo de 10 años, pero al mismo tiempo, haya subidas de impuestos para
los que el premio nobel de Economía Joseph Stiglitz denomina “el 1%”, en
su obra The Price of inequality (2012, Allen Lane).
Los republicanos, desde la revolución conservadora de Ronald Reagan,
agrupan a tres grandes facciones electorales: los conservadores
sociales, los conservadores económicos y los conservadores en defensa.
En las elecciones legislativas de mitad de mandato de 2010, muchos
congresistas del Tea Party, fundamentalmente conservadores económicos
que pedían grandes reducciones de impuestos, llegaron a Washington
dispuestos a cambiar la orientación política y el gobierno. Los tres
grupos conservadores se unen ahora contra Obama, dispuestos a que el
gobierno federal pueda tener que cerrar –como ya le sucedió a Bill
Clinton en 1995– y que entren en vigor los recortes de gastos.
La opinión pública no desea que, por una cuestión ideológica, casi un
millón de personas vayan al paro y vuelva la recesión económica. En
esto, la ciudadanía americana está a favor del presidente: su
popularidad es del 51% y el 48% opinan que trabaja para unir a los
americanos, frente al 22% que dicen lo mismo de los republicanos.
Publicado previamente el 28 de febrero en Cinco Días
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